La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha enviado al Senado incluye artículos sobre la regulación de Internet que han creado controversia sobre la posibilidad de que ofrezcan una manga ancha a las autoridades para intervenir en el control de la red.
Dos artículos concentran las dudas sobre la idoneidad de las normas tal y como han sido presentadas.
En el artículo 145 se dice que los servidores de Internet podrán "bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad".
En el artículo 197 se fija la potestad de "bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes".
Uno de los participantes en las audiencias públicas del Senado, Jesús Robles Maloof, del Colectivo Internet Libre para Todos, afirma que para México el proyecto "es el más grande reto autoritario desde que Internet existe".
Claudio Cossio, CEO de interesante.com, incide en la indefinición de la normativa: "Muchos puntos quedan abiertos. Poniendo excusas de seguridad nacional o de combate al narco, algunas autoridades pueden aplicar la censura. Los ciudadanos quedamos indefensos en estos casos".
Luis Fernando García, abogado de la ONG Red en Defensa de los Derechos Digitales, alerta de que el artículo 197 (el que fija que se podrá suspender el servicio de Internet "en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional") supone otorgarle al Gobierno la capacidad de restringir la posibilidad de comunicarse en medio de protestas sociales; en sus palabras: "Es bajar el interruptor de las comunicaciones para impedir la organización de manifestantes y la denuncia de violaciones de derechos humanos durante las protestas".
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